Los Ayuntamientos, en aplicación de la obligación establecida en el art. 266 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, están inspeccionando los actos de construcción y edificación realizados al amparo de una declaración responsable formulada como título habilitante de naturaleza urbanística, tal y como informábamos en junio del pasado año.
Esta inspección tiene por objeto comprobar que esos actos de edificación se han ejecutado conforme con el contenido de dicha declaración responsable (y de la documentación técnica y administrativa aportada) y en todo caso con arreglo a la normativa urbanística aplicable.
Como consecuencia de esa función de control se ha constatado la incoación de numerosos procedimientos sancionadores (tanto urbanísticos como de actividades) no sólo a los interesados/promotores de los actos de edificación, sino también al técnico que ha suscrito la documentación técnica aportada con la declaración responsable y al técnico director de las obras, cuando se comprueba la falta de veracidad de los datos aportados, el desajuste entre las obras realizadas y las contenidas en la declaración responsable y la documentación técnica aportada, el incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad, habitabilidad, instalaciones técnicas, o la ausencia de autorizaciones de instalaciones expedidas por otras Administraciones, entre otras causas de incumplimiento.
Algunos de estos expedientes sancionadores conllevan como sanción multas de importante cuantía económica (en algún caso de más de 40.000 euros) para los intervinientes en estas obras.
Resulta obligado advertir que estas multas no están cubiertas por las pólizas de seguro de responsabilidad civil. Sí cabe contratar una póliza de defensa jurídica que da cobertura, entre otras garantías, a la defensa del colegiado ante este tipo de procedimientos. Si desea información sobre esta póliza, coberturas y precio, contacta con el Colegio.
ER-0391/2014